AUNQUE LAS calificadoras de riesgo mantienen cierto rango de credibilidad y prestigio, es difícil admitir o justificar el documento de Moody‘s en el cual se asegura que los efectos económicos de los episodios de violencia en México son limitados y no anticipa efectos macroeconómicos significativos en el corto plazo.
El análisis y su contenido son desafortunados, porque la calificadora estadounidense minimiza el operativo que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señala que los avances en materia de seguridad influirían positivamente en términos crediticios a largo plazo.
Después de esta afirmación, sobra lo que Moody‘s quiso decir en relación a que los hechos de violencia e inseguridad sí serán un factor para la calificación crediticia del país.
Es inadmisible intentar reducir el alcance de los daños generados por el crimen organizado en un solo evento.
El conteo extraoficial habla de 62 muertos, más de 85 narcobloqueos, negocios y carreteras paralizadas, al menos durante 48 horas; 22 estados afectados, sobre todo Jalisco y Michoacán; 631 vehículos (asegurados) incendiados y robados; eventos deportivos cancelados; tienda Costco, 50 sucursales del Banco del Bienestar y 81 tiendas OXXO, quemadas o vandalizadas, entre otras muchas afectaciones.
Si todo lo antes escrito, para las calificadoras como Moody‘s son limitados episodios de violencia -aunque los lleve al terreno de lo macroeconómico- entonces estamos hablando de dos Méxicos, el que vivimos nosotros y el que las agencias externas quieren ver y evaluar.
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LA SEMANA pasada, el alcalde de Saltillo, Coahuila, Javier Díaz González asumió la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM). Pero más allá del evento protocolario, se debe destacar que la seguridad en México se incluyó en su agenda como tema prioritario.
El alcalde Díaz González, a nombre de los integrantes de la ACCM, demandó mayor coordinación con los gobiernos federal y estatales y el Poder Legislativo, para hacerle frente a la inseguridad. También pidió la colaboración de la iniciativa privada y la sociedad en general.
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2026 COMENZÓ con señales inequívocas de debilidad en el mercado laboral, pues aunque en enero la población ocupada total aumentó en 229 mil personas, si comparamos la cifra con diciembre de 2025, hay una disminución de 705 mil.
Pero más allá de los números, lo preocupante es que se ha reducido el grupo de trabajadores con mayores ingresos por salarios, mientras crece de manera abrumadora la población ocupada en los rangos salariales más bajos, lo que da como resultados un salario mínimo aniquilado y un acentuamiento de la precarización.
Para el CEESP (Centro de Estudios Económicos del Sector Privado), la comparación de enero 2026 contra diciembre 2025, nos arroja que el total de ocupados con ingresos de hasta un salario mínimo aumentó en 4.8 millones de personas, mientras que el universo acumulado de quienes ganan por arriba de un salario mínimo se redujo en 4.1 millones de personas.
Igual de grave es que en el primer mes de este año, la población ocupada en la formalidad (las que gozan de prestaciones) se redujo en 454 mil personas, mientras que los ubicados en la informalidad disminuyeron en 251 mil. Cabe destacar que a estos últimos cada vez les resulta más difícil ocuparse, aunque sea en un tianguis o en el cruce de avenidas.
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