HACE MENOS de una década, los costos de la inseguridad se calculaban en poco más de un billón de pesos. Las empresas eran quienes más gastaban en protegerse, desde simples barrotes en sus casas y negocios o cerraduras más sofisticadas, hasta jaulas completas en sus fachadas. Hoy, nadie tiene un cálculo aproximado de lo que cuestan esos enseres y mucho menos de lo que se eroga en una extorsión, derecho de piso, secuestro exprés, el robo con y sin violencia, entre otros delitos.
Las cifras sobre diversos delitos simplemente son erróneas, porque muchas víctimas ni siquiera denuncian, debido a la existencia de una impunidad campante.
Sin embargo, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, debe ser considerado como una mecha que puede encender un polvorín de dimensiones peligrosas. El crimen en esa zona de Michoacán, además de que se suma a la cifra de casi 89 mil homicidios dolosos entre enero de 2019 y octubre de 2025, ha provocado alzamientos en la población y mayor acoso de EU.
El gobierno de Claudia Sheinbaum debería tomar con más seriedad el tema de la inseguridad en México y la acción de los cárteles y grupos del crimen organizado.
Desde el domingo pasado ya circula en medios de EU que el gobierno de Donald Trump planea enviar una misión de tropas militares y oficiales de inteligencia a México para combatir los cárteles.
De acuerdo con oficiales y fuentes del gobierno de EU, el gobierno de Trump quisiera coordinación con el gobierno de Sheinbaum para combatir a los cárteles, pero lo grave es que desde Washington no se desecha la idea de operar sin coordinación con México.
Justo en este último asunto es donde radica el riesgo de quedarnos sólo en lamentar los asesinatos, integrar carpetas de investigación, argumentar que se llegará hasta las últimas consecuencias y envolvernos en la bandera, con los subrayados de que somos soberanos. una cooperación seria debe ser una prioridad, antes de tener una intervención de la que tengamos que arrepentirnos.
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OTRO TEMA que ha dejado mal sabor de boca y en entredicho al gabinete económico de México, es el documento que difundió la Business Roundtable, una asociación de más de 200 directores ejecutivos (CEO) de todos los sectores de las principales empresas estadounidenses, en el que externan preocupaciones pero sobre todo acusaciones que pueden afectar la viabilidad del T-MEC.
En el documento, que Trump ya tiene en sus manos al cabo de su gira por Asia, se acusa a México de mantener barreras digitales para bloquear servicios de proveedores de EU, con la complicidad del SAT, y acusaciones de incumplimiento. Se señala también que hay morosidad en los pagos electrónicos por servicios prestados y retrasos regulatorios de COFEPRIS que discriminan a fabricantes extranjeros y dejan fuera de competencia a sus propuestas.
Hay más: las empresas de EU acusan que son discriminadas en sectores estratégicos, particularmente energía, telecomunicaciones, aviación y servicios postales, mediante ventajas para empresas del Estado.
En la retahíla de señalamientos y cuestionamientos se acusa a México de haber realizado cambios en reglas aduaneras y métodos de valoración sin periodos de consulta o implementación; que existen prácticas de contratación pública que favorecen la producción local o inversión en México, incumpliendo compromisos de tratado.
Entre las acusaciones más severas predomina el hecho de poner a México en la lista de “Priority Watch List” por piratería y falsificación significativa se advierten riesgos para la inversión derivados de reformas judiciales y prácticas fiscales. Se afirma que México ha dirigido auditorías y medidas fiscales retroactivas contra empresas estadounidenses, creando incertidumbre y afectando decisiones de inversión.
Al final dejan a la reforma judicial a la cual acusan de facilitar una elección popular de jueces que preocupa por politización y falta de Estado de derecho.
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