QUIENES NUNCA han tenido una empresa, no saben lo que significa pagar una nómina, aguinaldos, utilidades, seguridad social, y mucho menos de cumplimiento de los impuestos, entre otros muchos costos adicionales.
En México se ha encarecido el costo unitario de la mano de obra; hay menor competitividad; se ha reducido el padrón de empresas formales e incrementado la cifra de entes informales, que no contribuyen a las arcas naciones ni tampoco impactan el bienestar de los hogares.
El cierre de más de 25 mil empresas el año pasado, entre otras muchas razones por los altos costos laborales, debió poner en alerta a los legisladores del país, antes de aprobar la jornada de 40 horas.
La luz verde del Senado de la República al dictamen de reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y su pase a los diputados para su discusión y aprobación, es un despropósito que podría frenar la riqueza del país, el empleo formal, el ingreso de las familias mexicanas y el crecimiento económico.
Ya no importa si en el DOF se publica que la reducción será gradual, y que se comenzará con jornada laboral a 46 horas en 2027 hasta llegar a las 40 horas en el año 2030.
Las empresas están en cautela, porque apenas empiezan a digerir que la dichosa reforma los obligará a abrir más turnos, sobre todo si son empresas incrustadas en sectores que operan las 24 horas.
El dictamen plantea cambios al artículo 123 de la Constitución y establece nuevas reglas para el trabajo extraordinario, que lo limita a un máximo de 12 horas por semana con pagos adicionales que pueden llegar hasta el 200 por ciento del salario si se exceden los límites permitidos.
Pero de esos desequilibrios pocos legisladores saben, porque en su gran mayoría sólo ocupan su curul unas cuantas veces a la semana y tienen largos periodos de vacaciones a los que llaman recesos. El problema será evidente cuando en lugar de 32 millones de informales, lleguemos al doble en México y la recaudación empiece a sacudir conciencias o se nos caiga la presunción de números como ocurrió con las remesas.
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A PESAR de los hechos vergonzosos que han vulnerado a Morena y sus dirigentes con daños extensivos al gobierno, especialmente por los escándalos de corrupción, extorsiones y nexos con los cárteles del narcotráfico, los partidos políticos de oposición no han encontrado la senda para desmembrar al ente que creó López Obrador con la venia de quienes estuvieron en el poder por décadas y que ahora están en la banca.
El mismo Jorge Triana, vocero nacional del PAN, reconoce que los estratos más conservadores en México mantienen su simpatía por Morena, y que los grupos sociales menos favorecidos votarían en favor de ese partido, mientras reciban su apoyo del gobierno.
Una encuesta digital realizada a 500 estudiantes en la Facultad de Ciencias de la UNAM reveló que el 50.8 por ciento de ellos se identifica con Morena; el 11.4 por ciento con Movimiento Ciudadano; con el Verde el 8 por ciento; un 3.8 por ciento con el Pan y un 3 por ciento con el PT. Hasta final aparece el PRI con 0.4 por ciento.
Por ello, Jorge Triana señala que con el PRI no habrá alianzas para la elección intermedia de 2027, debido a que en el corte de caja salieron más dañados que beneficiados.
El PAN ha cambiado la imagen de su logo, pero no sus estrategias para penetrar en la sociedad. No tienen movilización social, les falta acción juvenil, y aunque abran las puertas a posibles candidatos externos, al igual que el PRI, no tienen figuras, hasta ahora, que puedan romper ese marasmo de mexicanos en edad de votar (al menos un 30 por ciento del padrón nacional), porque están en su zona de confort o no tienen preferencia por ningún partido político.
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