HA PASADO un año y cuatro meses desde que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el caso de las empresas fantasmas en el municipio de Huixquilucan, y nada ha ocurrido. No hay acción del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ni de ninguna otra autoridad de orden hacendario o judicial.
El municipio en cuestión ha sido gobernado de manera alternada por el matrimonio que conforman Enrique Vargas del Villar y Romina Contreras Carrasco, bajo cuyas administraciones surgieron las empresas de fachada, las que se crean en minutos para encubrir millonarios saqueos de recursos públicos que se esfuman en instantes.
La red de esas empresas, con domicilios falsos y contratos públicos sin sustento operativo, tuvo su epicentro en Huixquilucan, como lo denunció aquella investigación titulada “Fantasmas azules”, que publicó MCCI y documentó la periodista Valeria Durán.
En ese reportaje se reveló la asignación de más de 82 millones de pesos a 24 empresas que no pudieron ser localizadas, pero que operaron con el mismo patrón o ruta de la Estafa Maestra o las redes vinculadas al exgobernador Javier Duarte.
En diciembre de 2024 se publicó la retahíla de simulación de servicios, triangulación de recursos y estructuras empresariales sin operación real. En el eje de esas operaciones se ubicó a las administraciones encabezadas por el hoy senador Enrique Vargas del Villar y su esposa y actual alcaldesa Romina Contreras Carrasco, con contratos otorgados —en muchos casos mediante adjudicación directa— a empresas que no cuentan con infraestructura, personal ni presencia física verificable.
Por ejemplo, en el estado de Morelos (Temixco y Cuernavaca), varias compañías comparten direcciones donde nadie las conoce. En otros casos, los registros conducen a locales comerciales ajenos, oficinas virtuales o viviendas particulares.
Se reveló también que en una zona habitacional cercana al mercado de Jamaica y La Viga, en la Ciudad de México, varios “accionistas” de distintas empresas registraron domicilios donde nunca han vivido. Al tocar puerta por puerta, los investigadores encontraron testimonios que desmontan la supuesta existencia de estas compañías: familiares lejanos que no tienen contacto con los supuestos socios y vecinos que desconocen por completo a los registrados.
En paralelo, otra red de empresas —al menos nueve— está vinculada a esquemas de facturación simulada detectados por el SAT, en las que figuran Comercializadora RUL, declarada oficialmente como empresa fantasma. Aunque el senador Vargas ha dicho que los contratos fueron otorgados antes de esa declaratoria, las investigaciones fiscales de las operaciones previas indican que los contratos firmados durante su administración formaron parte del proceso que derivó en su clasificación como empresa fantasma bajo el artículo 69-B.
La defensa oficial, evidentemente, insiste en que “todo está en regla”. El mismo Enrique Vargas del Villar dice que los contratos se otorgaron conforme a la ley y que las empresas presentaron documentación en regla. Sin embargo, reconoció que no se verificaron físicamente los domicilios, limitándose a revisar requisitos administrativos. Asimismo, afirma que hay entregables que respaldan los servicios contratados, pero dijo desconocer que las empresas pudieran ser fachada.
El SAT debe seguir el rastro del dinero y determinar si estas empresas deben ingresar a la lista de simulación fiscal, porque hay elementos suficientes para abrir investigaciones formales que, hasta ahora, no se han anunciado.
Mientras eso ocurre, el balance es contundente: Millones de pesos salieron de las arcas municipales sin que exista certeza sobre su destino final.
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LAS DEVOLUCIONES del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de saldos a favor por Impuesto Sobre la Renta (ISR) sumaron 2 mil 179 millones de pesos y beneficiaron a 608 mil 119 contribuyentes que reclamaron esa prerrogativa, luego de presentar su Declaración Anual 2025. El importe será devuelto en un tiempo promedio de tres días y no en 40 como establece el Código Fiscal de la Federación.
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