PARECE QUE la presión de EU empieza a tener efecto en el gobierno de México y se abrió el espacio para permitir que el capital foráneo tenga una participación mayor al 50 por ciento en una empresa nacional en sectores estratégicos como energía, transporte, comunicaciones, minería, almacenamiento de datos y defensa, entre otros.
Desde que comenzaron las pláticas para revisar el T-MEC, el equipo comercial de Trump ha solicitado que las posibilidades de ampliar el espectro de acción de la Inversión Extranjera Directa (IED) no se quede sólo en pláticas, sino que se pueda participar en áreas que son consideradas como de seguridad nacional y que han estado restringidas para los no mexicanos.
El pasado viernes, el Ejecutivo Federal envió al Senado de la República la iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera, la cual otorgaría nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en materia de seguridad nacional. Lo que se busca es que la IED tenga resolución favorable de la Comisión para participar con más del 50 por ciento del capital social de una empresa mexicana.
Si aprueban el cambio, la inversión extranjera también podría participar en tecnologías consideradas críticas o de doble uso, entre ellas inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad.
La Ley sólo faculta a la Comisión para impedir adquisiciones por razones de seguridad nacional, sin definir sectores ni procedimiento. La iniciativa está pendiente de dictamen en el Senado.
Su presentación se da en la antesala de la cuarta ronda bilateral de la revisión del T-MEC, prevista en Washington este mes, en la que la seguridad económica forma parte de la agenda. Lo anterior es consistente con la agenda que EU ha impulsado en la revisión del tratado, orientada a limitar la participación de terceros países en las cadenas de suministro de la región.
No obstante, analistas de Banco Base consideran que la iniciativa podría añadir incertidumbre regulatoria en un contexto de debilidad para la inversión extranjera en México.
El último dato del Banco de México revela que en el segundo trimestre las nuevas inversiones fueron de 654 millones de dólares, su nivel más bajo para un periodo igual desde 2014, con una contracción anual de 51.37% y una participación de 6.25% del total, frente a un promedio histórico de 37.15% para segundos trimestres entre 1999 y 2025.
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EN LOS próximos días, el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión el paquete económico para 2027, que a decir del sector empresarial exhibe una gran cantidad de riesgos en gasto, ingresos y deuda.
Los empresarios del país, vía el CEESP, temen que nada cambie en 2027 y el gobierno federal ignore las amenazas a la estabilidad fiscal y económica. Se considera que 2026 y 2027 no se cumpliría con la consolidación fiscal comprometida y se agudice un escenario de insostenibilidad de las finanzas públicas.
En 2027 habrá elecciones importantes y un gasto público enorme, en tanto suben los intereses de la deuda de Pemex, cuya deuda es un gran boquete para las arcas nacionales (1.4 billones de pesos).
En el último Informe de Finanzas Públicas y la Deuda Pública, se dio a conocer que al cierre de julio pasado, el gasto público fue de casi 6 billones de pesos y tuvo un aumento de 3.5 por ciento en comparación anual, mientras los ingresos crecieron solo 0.9 por ciento en el mismo periodo.
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