UNA VEZ que pase la fiebre futbolera, el gobierno de Trump acentuará sus acciones comerciales y contra el crimen organizado en México. La estrategia se basa en revisar aranceles, el futuro del T-MEC acuerdos sobre minerales críticos e inversiones en sectores estratégicos, así como concretar el desmantelamiento del Cartel del Noreste, con acciones similares a las que se hicieron en Sinaloa y que derivó en la detención y/o eliminación de sus principales capos.
No es amenaza. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que en julio podrían reestablecerse los aranceles previamente retirados por la Suprema Corte, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio, mecanismo que permite investigar y sancionar prácticas comerciales desleales, particularmente las vinculadas con el exceso de capacidad manufacturera en diversas economías. En EU se implementó un arancel generalizado del 10 por ciento a las importaciones bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual faculta al presidente a imponer medidas arancelarias de carácter temporal, hasta por 150 días, sin requerir aprobación del Congreso, mismas que expirarían en julio de este año. EU quiere que, antes del vencimiento de estos aranceles temporales, concluyan las investigaciones bajo la Sección 301, lo que permitiría dar continuidad a los aranceles.
Ese fue el tenor de las conversaciones entre Bessent y Édgar Amador, secretario de Hacienda, el pasado martes, además de comprometerse a intercambiar información para frenar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las primeras acciones del encuentro Bessent-Amador, ya surgieron a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EU que sancionó a tres casinos y tres sujetos, supuestamente vinculados al Cártel del Noreste (CDN), la cual es catalogada como “terrorista” por el gobierno de Trump.
En el caso surgieron los nombres de tres centros de juegos y apuestas, uno de ellos ligado a la Comercializadora y Arrendadora de México SA de CV –con registro en la Ciudad Madero, Tamaulipas–, y los de Eduardo Javier Islas Valdez, Juan Pablo Penilla Rodríguez y Jesús Raymundo Ramos Vázquez.
Sobre el caso de Javier Islas, alias el “Crusty”, hay una investigación del Tesoro de EU que lo responsabiliza de las operaciones de tráfico de personas y de controlar depósitos de efectivo del CDN en Nuevo Laredo.
Hay otros imputados o sancionados que presumen inocencia en entrevistas periodísticas como es el caso de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, tras ser acusado de activista y colaborador del CDN.
El caso más grave es el del Juan Pablo Rodríguez Penilla, quien defendió al Miguel Treviño, “alias el Z-40”, y ha presumido fotografías con la presidenta Claudia Sheinbaum y vínculos estrechos con el gobierno de Tamaulipas de Américo Villarreal.
Ambos mandatarios se han desmarcado del defensor del “Z-40”, quien también dice tener lazos estrechos con diputados, senadores y políticos de Morena, PVEM y PT y con Pedro Haces, líder de la CATEM.
Por supuesto, Sheinbaum ya se desligó de las presunciones del abogado morenista, al señalar en la mañanera que durante su campaña y sus giras ella es fotografía miles de veces con mucha gente que ni siquiera conoce.
El gobierno de Villarreal también niega relación con el abogado, pero hay constancia que el 10 de enero de 2024 le revocaron el cargo de asesor especial.
Pero el Departamento del Tesoro es contundente al afirmar que el abogado Penilla Rodríguez es un criminal que defiende a narcos en México y está relacionado con líderes y gobiernos del Partido Morena.
Como sea, la presión del gobierno de Trump viene con carga y en serio al final del Mundial del Futbol 2026.
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