SACAR A México de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, es el objetivo final de EU al cancelar 13 rutas aéreas desde los aeropuertos internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y de la Ciudad de México (AICM), así como prohibir nuevas rutas o incrementos de frecuencias desde esas mismas terminales.
La intención es clara, así lo comenté en otras entregas en este mismo espacio, y la falta de infraestructura para operaciones aéreas hacia EU desde México y otras partes del mundo será el pretexto o “la exposición de motivos” como pomposamente llaman los legisladores al presentar sus iniciativas de ley.
La aviación mexicana está en vilo, tras el anuncio con efecto inmediato del Departamento de Transporte de Estados Unidos y los daños serán cuantiosos.
El 28 de octubre, EU repitió varias verdades, entre las que resaltan los decretos de AMLO para reducir slots en el AICM de 61 a 44 por hora y así forzar el traslado de carga al AIFA, lo que obligó a operar vuelos combinados de carga y pasajeros que son un peligro para cualquier aerolínea en cualquier parte del mundo.
Es cierto que México no ha cumplido con los acuerdos aéreos firmados en 2015, sobre todo por resistirse a una política de cielos abiertos. Pero también es un hecho el AICM está saturado y que ahí no es posible aumentar el número de operaciones aéreas. Asimismo, es una realidad que el AIFA no cuenta con rutas de acceso y salida que lo califiquen como terminal aérea internacional.
Una decisión de tal magnitud de la FIFA causaría grave daño no sólo a la aviación mexicana, sino al turismo en general, independientemente de que las autoridades fiscales de México le hayan dispensado el cobro de impuestos a dicho organismo que se maneja de manera autónoma y no obedece a ninguna nación ni permite que gobierno alguno se entrometa en sus asuntos.
Aunque la presidenta Sheinbaum diga que México no es piñata de nadie y prometió devolver slots a las aerolíneas de EU, la presión del gobierno de Trump es creciente.
El daño a la aviación de México apenas empieza. Las aerolíneas mexicanas resentirán caídas importantes en sus balances anuales, pero los más grave de todo es que la decisión del Departamento de Transporte de EU significa la expedición del acta de defunción del AIFA, el cual estaría destinado a ser el elefante blanco de la 4T,
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LA SECRETARÍA de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a través de su Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), dio a conocer que las empresas de aplicación desde y hacia los aeropuertos del país se ampararon, pero no tienen autorización para prestar esos servicios de transportación.
Sin dar soluciones, la autoridad federal sólo atinó a descalificar a las empresas de aplicación digital en México, como Uber, DiDi, Cabify, BlaBlaCar, inDrive y Bolt, y otras opciones como City Drive y Avant, a pesar de que anualmente aportan impuestos por casi 30 mil millones de pesos,
En suma, la SICT difunde que las empresas señaladas no tienen autorizaciones, mientras el SAT estira la mano para recibir los impuestos que les retienen a cada chofer por dar un servicio legal y eficiente por aplicación digital.
La SICT no señala en su comunicado que los taxistas con “autorizaciones” en los aeropuertos se han convertido en una mafia dañina que esquilma a los turistas y visitantes, como hemos publicado con casos ampliamente documentados en las terminales aéreas de Cancún y Guadalajara, por citar algunos ejemplos.
En el documento enviado a medios de comunicación esta semana, las autoridades de la SICT no hablan de los centenares de taxistas que no portan placas de circulación, y los que sí cuentas con ellas las han invisibilizado al pintarlas de blanco para que nadie pueda acusarlos de alguna fechoría ni puedan ser registrados por las cámaras que seguridad que existen y funcionan en la Ciudad de México.
Hay que destacar que más de 140 mil taxistas en Ciudad de México no pagan impuestos por cada servicio que otorgan, y que al contar con una concesión sólo pagan los derechos por la adquisición de un tarjetón y revalidación anual. Los demás derechos que pagan son los mismos que pagamos todos, desde verificación hasta tramitación de permisos o renovación de tarjetas de circulación o licencias.
Causar escozor que a la Guardia Nacional la utilicen en los aeropuertos para “cazar” a quienes ofrecen el servicio de Uber y similares, en lugar de combatir a la delincuencia.
Es seguro que los cotos de poder que ofrecer las uniones u organizaciones de taxistas son la justificación para no molestarlos, aunque sus flotillas estén conformadas por destartaladas unidades.
Vale la pena señalarle a las autoridades del SAT y de la SICT que es un derecho lícito el que tienen los trabajadores del volante con aplicación digital o sin ella. Todos tienen derecho a llevar el sustento a su casa.
Las autoridades deberían poner punto final a este asunto, en lugar de provocar más encono.
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@AlejandraBernal
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