La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) solicitó al Congreso de la Unión modificar de manera urgente las leyes para proteger a los turistas de los fraudes cibernéticos, que se han convertido en cáncer para el sector turístico del país.
En el marco del foro “Turismo, prioridad para el desarrollo de México”, organizado por la Comisión de Turismo del Senado de la República, el presidente nacional de la AMAV, Eduardo Paniagua Morales, subrayó que la Asociación no ha quitado el dedo del renglón después de haber hecho la solicitud a la Cámara de Diputados, sin haber recibido hasta ahora la atención por parte de los diputados, por lo que acudieron al Senado de la República por invitación del presidente de la Comisión de Turismo, Antonio García Conejo.
Paniagua Morales, dijo: “que quede claro que la AMAV sigue trabajando y vamos a seguir luchando para lograr las modificaciones en las leyes, que deben iniciar con el Código Penal Federal, pues los fraudes cibernéticos se han convertido en un problema muy grave, ya que las primeras estadísticas datan de 2013 con 25 fraudes mensuales, ese año en Quintana Roo, y a la fecha tras la pandemia son más de 450 por hora a nivel nacional”.
El presidente de la AMAV propuso quitar los candados del ramo 33 para que sus recursos sean canalizados también al programa de Pueblos Mágicos para mejorar su infraestructura, promoción y fortalecimiento como centro turístico, que contribuya también a la estrategia de combate a la pobreza.
Recordó que actualmente hay 132 Pueblos Mágicos, cuyo producto turístico genera bienestar para los pobladores de hasta 100 kilómetros alrededor de ellos, como sucede en el Estado de México, lo que ha hecho que sea el tercer programa más conocido a nivel mundial, siendo replicado en Ecuador, Guatemala y en otros países de Europa.
De esta forma, planteó modificar la Ley de Movilidad enfocada al servicio de transporte público federal, que actualmente está en la misma ley que regula el transporte urbano, como los taxis y autobuses, que provoca corrupción pues la policía detiene a unidad de transporte turístico como si fuera de transporte urbano o viceversa, mientras las unidades de plataformas digitales movilizan a los turistas, incumpliendo con la norma.
