LOS DAÑOS que provocó el huracán Otis en la madrugada del miércoles 15 de octubre en el puerto de Acapulco y pueblos cercanos, tardará meses en revertirse y no alcanzarán los 18 mil millones de pesos que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dice que existen en un fondo para desastres naturales.
Sorprendió que el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, haya confirmado ante diputados la existencia del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y que tales recursos estén previstos o sean “guardaditos” del Ramo 23 del Presupuesto Federal, porque precisamente ellos -los legisladores-, desaparecieron el Fonden y otros 113 fideicomisos en 2020, mediante votación en el pleno, que sigue en la memoria histórica y en las gacetas parlamentarias de los diputados y senadores.
Para resarcir daños y reparar destrozos, tampoco alcanzarán los 10.8 mdp para la atención de emergencias, ni los 133.2 mdp para acciones inmediatas post-desastre, o los 5 mil millones de pesos que dice Yorio están previstos en los programas de reconstrucción o los mil 200 millones de pesos dentro de Seguro Catastrófico 2023-2024.
Hablamos de más de un millón de afectados, miles de casas destruidas, 80 por ciento de hoteles que necesitan reconstrucción, hospitales, carreteras y caminos rurales destrozados, y cientos de vehículos privados y públicos y de cabezas de ganado y todo tipo de bienes (incluidos sembradíos) con pérdidas totales y parciales.
Obviamente, las autoridades no correrán con los gastos de todas esas pérdidas, pero sólo para tener una idea del tamaño del desastre, citaremos algunas cifras que ofreció la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) que únicamente habla de montos pagados porque había una póliza de por medio.
Los huracanes que golpearon con la misma intensidad puntos geográficos de México fueron: Wilma en 2005, siniestro catastrófico que costó 2 mil 675 millones de dólares en pago de seguros; Odile, en 2014, generó coberturas por mil 439 millones de dólares; Gilberto en 1988 obligó a pagar mil 299 millones de dólares en pólizas e Isidore, en 2022, obligó a pagos por 474 millones de dólares.
El gobierno de la 4T tiene un reto formidable. Deberá reconstruir, apoyar a familias vulnerables, normalizar los servicios básicos como energía eléctrica y agua potable.
Miles de mexicanos piden apoyo, las aseguradoras cargarán con una gran parte del costo, pero el gobierno tendrá que hacer movimientos en su paquete económico para respaldo a quienes perdieron todo o parte de su patrimonio y no cuentan con un seguro para cubrirse. Muchos tendrán que rascarse con sus uñas, como los que perdieron a sus seres queridos, su trabajo o su negocio durante la pandemia sanitaria porque no hubo respaldo de ninguna naturaleza.
El saldo final de este fenómeno sigue en la sumatoria y pasarán muchos meses antes de que Acapulco se recupere.
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