MUCHOS EXPERTOS en economía y finanzas han subrayado varios focos de alerta en la economía mexicana, en donde han variables que ponen en duda las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Por ejemplo, es casi un hecho que Pemex seguirá como un lastre para las finanzas públicas, a pesar del nuevo esquema fiscal y la aportación multimillonaria de recursos que le inyecta el gobierno de la 4T. Suponen los analistas que el crecimiento de la economía no será ni de 2 por ciento ni de 3 por ciento en 2024 ni en 2025, sino de 1.4 por ciento y 0.8 por ciento, respectivamente, porque hay una desaceleración evidente que puede convertirse en recesión, una merma en el consumo con un dinamismo de apenas 1.4 por ciento.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base comentó que no debemos perder de vista al mercado laboral, ya que más del 54 por ciento de la población ocupada en México trabaja en condiciones de informalidad y la subocupación, que se refiere a la situación en la que las personas tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas, subió del 7 por ciento al 9 por ciento entre enero y noviembre pasado. Esto significa que más de 4.5 millones de personas están en esa categoría.
El crédito en México es otra señal de alerta en el país, porque ya es muy elevado el riesgo en el que población puede caer en moratoria de pagos. Los bancos e instituciones de crédito no bancarios se han dedicado a entregar tarjetas y financiamientos en un momento en que las condiciones de la economía empiezan a deteriorarse y las tasas de interés se mantendrán altas por lo menos 2025 y gran parte de 2026. Difícilmente se lograrán réditos de 8 por ciento en los próximos dos años.
La inversión Fija Bruta (IFB) en el sector público se cayó -44 por ciento en 2024, porque ya no hay obras magnas. La industria de la construcción es el principal afectado al interior de la IFB.
Hay muchas razones para suponer que los ingresos presupuestales fueron sobreestimados por el gabinete hacendario, por lo que no se cumplirán las metas del paquete económico para 2025. Se prevé que el déficit público será de 4.1 por ciento y no de 3.9 por ciento, aunque las calificadoras le darán a México el beneficio de la duda y durante 2025 no habrá más reducción a la calificación de deuda soberana, por lo que no perderemos el grado de inversión.
Hay dos aspectos que no son económicos, pero si influyen de manera directa en el riesgo-país. El primero de ellos es que la inseguridad en México pone en jaque a la gobernanza. Los negocios han cerrado porque la ola de violencia ha crecido, las autoridades de todos los órdenes han sido rebasadas, y la actividad comercial e industrial está paralizada. Eso es lo que ocurre en Sinaloa, Guanajuato, Guerrero y Chiapas, por citar algunos ejemplos.
El otro aspecto es la reforma judicial que es el mayor riesgo para las finanzas públicas, porque no hay presupuesto para esa elección en las participan miles de aspirantes a ocupar los cargos que dejarán jueces, magistrados y ministros, y que abrieron un gran boquete de incertidumbre para la gobernanza del país. Hay quienes suponen que ante la ausencia de autoridades judiciales, los litigios serán llevados al extranjero lo que pondrá en evidencia a México, no sólo ante sus socios comerciales sino ante el mundo entero.
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