LOS PRECIOS de las gasolinas se acercan a los 27 pesos por litro en el caso de la Premium y casi 25 en el caso de la Magna. Las cotizaciones del diesel rondan los 26 pesos cada litro y el impacto sobre la inflación es y será brutal.
Más de 55 millones de automóviles y otro millón y medio de camiones de carga y autobuses circulan en el país. Cada día, los primeros consumen más de 130 millones de litros de gasolina y los segundos 60 millones de litros más. Con los precios tan elevados que hay, y con cortes intermitentes a los subsidios, se hace necesario un acuerdo entre autoridades y gasolineros para atemperar el impacto negativo en el bolsillo de las familias.
Las autoridades del Banco de México deben estar con los pelos de punta por las presiones que se avecinan nuevamente en materia inflacionaria, ya sea por el asunto de los aranceles generalizados que están en puerta o por los precios de cada litro de combustible.
Se espera que la próxima semana haya luz sobre un nuevo esquema de precios finales al público de las gasolinas, en el que el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) ya no sea el factor que determine la fórmula que finalmente concluye en los precios al consumidor final, que siempre es el que paga los platos rotos.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, tienen mucha tarea y tratan de resolver un problema que se arrastra desde hace dos sexenios. Sin embargo, esa carrera de precios está a galope y si se tardan en esa búsqueda por reducir esa carrera de precios, irremediablemente el consumidor al final de la cadena será el gran perdedor.
El control de precios no funciona, pero de algo había servido en los últimos años la actualización del IEPS que se hacía semanalmente.
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EL ASUNTO del petróleo mexicano que ha sido rechazado por refinerías de EU, por las razones que guste y mande, no debería ser minimizado por las autoridades federales. La discusión sobre los envíos de crudo mexicano con altas concentraciones de agua y sal deben ser atendidas y entregar el producto en condiciones óptimas.
En 2024, México vendió a EU casi el 60 por ciento de la producción de petróleo que exporta (806 mil barriles diarios) y el total de ese negocio se valora en casi 21 mil millones de dólares. La cifra no es despreciable como para minimizar el tema, sobre todo ahora que el mandatario de la Unión Americana quiere someter a todo el mundo incluso por no llamar al Golfo de México, como se le conoce mundialmente, sino como él quiere que le llamen.
Este último punto tampoco es menor. Las autoridades mexicanas deberán referirse, en todos sus documentos diplomáticos, comerciales o de negocios bilaterales como Golfo de México o Golfo de América o estar dispuestos a sufrir un rechazo o veto, similar al que padece la agencia de noticias Associated Press (AP) en la Casa Blanca, o equivalente al pleito entre Japón contra China, Corea del Norte y Rusia que no aceptan que el Mar de Japón sea llamado así, y en su lugar obligan a quienes están bajo su dominio o influencia a que lo llamen Mar del Este.
Las discusiones y litigios apenas empiezan. Serán cuatro largos años en los que habrá que negociar, imponerse o ceder ante un gobierno vecino que puede prohibir la entrada de crudo mexicano u obligar a las autoridades de Pemex a que le vendan a un precio menor al que señala el mercado mundial, para luego regresarnos el combustible ya refinado a un mayor precio pero en dólares, moneda que también se ha revalorizado y que impacta a la inflación y afecta negativamente el bolsillo de todos los mexicanos que compramos gasolina o diesel.
Pemex debe acelerar el pago de unos 20 mil millones de dólares que debe a proveedores que le surten productos químicos y equipos esenciales para reducir la alta concentración de agua y sal en el crudo que exporta y entregarlo apto para el refinado.
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