ES EVIDENTE que el gobierno de México no atenderá algunas de las recomendaciones del FMI, luego de que el organismo financiero mundial dio a conocer la revisión preliminar del Artículo IV para nuestro país, sobre todo en el apartado que propone una reforma tributaria, una revisión de los rangos y las tasas de Impuesto Sobre la Renta (ISR), en la que paguen más los que más ganan.
El documento siempre causa molestia a las autoridades mexicanas, porque tiene un sesgo unilateral que no siempre coincide con las previsiones de las autoridades.
El examen que el FMI hace de México y que es un requisito para seguir como miembro y tener derecho a préstamos y aval de las políticas del organismo, habla de una desaceleración en el crecimiento económico de 3.2 por ciento en 2023 a 1.5 por ciento en 2024 y a 1.3 por ciento en 2025. Punto que la Secretaría de Hacienda rechaza o no hay coincidencia. Hacienda cree e insiste en que estaremos más allá de 2.5 por ciento en el PIB de este año, en el peor de los casos.
Estima el FMI la cuenta corriente se ampliará de -0.3 por ciento del PIB en 2023 a -0.7 por ciento en 2024 y a -0.9 por ciento en 2025, sobre todo por un mayor dinamismo en las importaciones de bienes de consumo y de capital. Pero México empieza a sentir los estragos de la desaceleración y se mueve en la ruta de un mayor endeudamiento. Así que tampoco hay puntos de coincidencia.
Una reforma fiscal integral de plano no es viable. Los costos sociales y políticos serían muy elevados para el gobierno. Si se quiere hacer un parche y elaborar una mal llamada reforma tributaria para darle respiro al déficit público programado para este año, que es de 5.9 por ciento del PIB y una deuda bruta que se ubicará en 58 por ciento del PIB, habría que mover la tasa del ISR hacia arriba y cobrar más a los que trabajan y ganan más, pero eso sólo sería un aliciente tributario.
Se cree que el gobierno actual se debe comprometerse a reducir el déficit hacia un nivel inferior al 3.0 por ciento del PIB en el mediano plazo, pero ello no es posible son una simple reorientación del gasto, porque ya se ha determinado que los programas sociales, la inversión en el sector férreo y principalmente en el energético, con Pemex a la cabeza, dificultaría sobremanera cualquier disminución en los recursos. El gobierno está decidido a retomar al sector energético en general y sería imposible hacerlo sin un gran caudal de recursos públicos.
Pemex no tiene en estos momentos en su radar el enfoque en campos rentables, ni en la venta de activos, ni una nueva estrategia para la operación de las refinerías y mucho menos incentivar la operación de las asociaciones público-privado.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no comparte con el FMI que haya subido el crimen, la inseguridad y la corrupción y mucho menos que exista incertidumbre por causa de la reforma judicial, sobre todo para efectos de la efectividad de los contratos y el Estado de Derecho. Tampoco acepta que el Poder Judicial no tenga asegurada su independencia y profesionalismo.
Así que, en términos generales, no es factible para esta administración darle atención a lo que sugiere el FMI.
*****
Escríbeme a: gfloresl13@yahoo.com.mx
Sígueme en Twitter: @GerardoFloresL
Busca mi columna todos los martes y viernes en el diario ContraRéplica
No deje de informarse en https://redfinanciera.mx
